Cataluña y el fin de los estados-nación

Publicado en FemSafareig

Un estudio de Pew Research Center realizado en 38 países y publicado el mes de octubre de 2017, constata que la democracia representativa continúa teniendo un soporte mayoritario en las opiniones públicas (78%), pero en los últimos años las opciones autoritarias han ido ganando adeptos. Según el estudio, el 23% de los ciudadanos mantienen un compromiso con el sistema democrático, mientras que un 42% admiten también alguna forma de gobierno no democrático -tecnocrático, autoritario o incluso militar- y un 13% es directamente antidemocrático. Es un hecho ya conocido que las opciones autoritarias están relacionadas con una descontentamiento con el sistema, y España con la cuestión catalana, ha encontrado motivos para justificarlos.

La manera de actuar del gobierno español sobre el conflicto catalán ha seguido un plan consciente en plena crisis económica en medio de la agitación social de movimientos como el del 15M, que iniciaron un período de deslegitimación de las instituciones políticas al servicio de intereses financieros internacionales. El panorama español anterior a las últimas elecciones estatales de junio de 2016, era muy crítico con la larga trayectoria bipartidista incapaz de afrontar los problemas de estado, e involucrada con tramas de corrupción junto con la monarquía española, que también se encontraba totalmente desprestigiada.

La negación al diálogo con Cataluña por parte del PP, con la aprobación del PSOE y de la monarquía, tenía por objetivo crear una crisis de legitimidad de la monarquía liberal en Cataluña, y reforzar así su legitimidad en el resto de los españoles. La estabilidad política del Estado, en riesgo por la crisis económica y en un momento en el que el conflicto vasco ya se había resuelto provisionalmente, hacía falta un nuevo motivo para hacer aceptable la violencia estatal y fascista de la minoría ultraderechista en defensa del control de la gente, la estabilidad política, y sobretodo, la estabilidad de un elemento clave: el rey Felipe VI.

La Unión Europea está en crisis, y esta crisis se debe a la voluntad hegemónica de los Estado-nación que la forman para mantener sus fronteras y sus estructuras internas. El caso catalán no es un caso aislado en Europa. En España está el caso vasco, pero también está Escocia, Baviera, Flandes, Padania, Tirol del Sur, Córcega; territorios de gran poder económico y estratégico, dónde la impotencia por la falta de independencia en la gestión propia de los recursos se ve limitada por un gobierno que se resiste a ceder poder en la movilización de estos recursos que no le pertenecen.

La globalización ha puesto de relieve la resistencia que representan los Estados-nación para el desarrollo de grandes ciudades. Así lo definen Daniel Cohn-Bendit y Guy Verhofstadt en el libro-manifiesto “Por Europa!!!“, donde describe que los estados pequeños, que no tienen voluntad de hegemonía como los actuales, son más propensos a participar de un proyecto común europeo. Visto desde este punto de vista, en plena era de la información, el futuro de Europa a nivel territorial podría desfragmentarse hasta ser un conjunto de pequeños estados, o incluso una constelación de ciudades, que por sus problemáticas similares de contaminación, pobreza energética, gentrificación, desahucios o abandono inmobiliario entre otros, se unen en alianzas para agilizar políticas locales; o incluso hacer frente a problemas universales como el cambio climático o el comercio con criptomonedas, puntos en los que los Estado-nación actuales ejercen una gran resistencia. Incluso si entonces pensásemos en el ámbito de pueblos y ciudades, se reproduciría también el mismo esquema a pequeña escala, existiendo vínculos entre pueblos y ciudades similares, y siendo los consejos comarcales un elemento prescindible absolutamente en una nueva organización más igualitaria y menos jerárquica. En un mundo tan cambiante como el actual, la eficacia de los procesos de gestión gubernamentales radica en eliminar escalones en el orden jerárquico de las instituciones, pero sobretodo en reducir el nombre de habitantes de cada comunidad, a favor de una mayor participación ciudadana, con más influencia política y más interconectada.

El caso catalán se ha convertido en una ola de nacionalismo creciente empujado por la insatisfacción política de la ciudadanía; o con las palabras del historiador Sebastian Balfour, «una problemática socioeconómica se ha convertido en una cuestión identitária». Pero qué sucede con los territorios o ciudades españolas o europeas que no son una nación?

En el Reino Unido, pocos días después de que el electorado británico votara a favor de abandonar la UE, una singular iniciativa recorrió las redes sociales que planteaba la independencia de Londres. La idea era clara: los habitantes de Somerset o Birmingham podían haber votado a favor del Brexit, pero Londes, la cosmopolita y multicultural Londres, quería quedarse en la comunidad europea de cualquier forma. Podemos concluir con eso que el deseo de independencia se hace latente hoy, cuando el poder de un territorio no recae en la extensión del imperio, sino en el poder de tener autonomía propia de decisión.

Si las alianzas más fuertes de Cataluña continúan excluyendo a todos los otros territorios que podrían compartir un nuevo ideal de estado, pero no el sentimiento identitario como elemento vertebrador, esta no será una lucha social. La lucha de Cataluña debe ser des de ahora, no únicamente la resistencia al poder político y judicial de España, sino un proceso de cambio interurbano contra el problema real: el modelo económico-social-mediambiental.

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